Gregorio Santos debe
esperar por su sentencia en su casa
(Augusto
Álvarez Rodrich)
Es
injusto que, más de dos años después sin que los fiscales hayan podido
presentar las pruebas para acusarlo, un juez decidiera que el ex presidente de
Cajamarca Gregorio Santos siga en prisión preventiva hasta febrero de 2017,
cuando se cumpla el máximo de tres años.
A
Santos le dictaron una prisión preventiva inicial de 14 meses por la acusación
de asociación ilícita y colusión por, supuestamente, beneficiar a un amigo suyo
en más de diez licitaciones organizadas por el gobierno regional de Cajamarca.
Cuando
se venció ese plazo, la justicia extendió la prisión preventiva por once meses
más, y ahora la justicia ha ampliado esta condición por siete meses
adicionales.
El
problema para Santos –y para la penosa situación de la justicia nacional– es
que, en todo este tiempo, en vez de presentar las evidencias para acusarlo, los
fiscales solo piden más tiempo para investigarlo.
La pregunta que cae por su peso entonces es, si en más de dos años, los fiscales no han podido reunir las pruebas, qué garantiza que lo podrán hacer en el plazo en el que Santos deberá permanecer en prisión, con la posibilidad –y, sin duda, el riesgo– de que, al final, no se pueda reunir la evidencia para acusarlo y condenarlo.
Gregorio Santos podría ser finalmente condenado o absuelto, pero aquí lo que se cuestiona es la necesidad de que él espere su sentencia estando en la cárcel, una situación que es injusta si se tiene en cuenta tanto el sentido común como el ordenamiento legal.
La pregunta que cae por su peso entonces es, si en más de dos años, los fiscales no han podido reunir las pruebas, qué garantiza que lo podrán hacer en el plazo en el que Santos deberá permanecer en prisión, con la posibilidad –y, sin duda, el riesgo– de que, al final, no se pueda reunir la evidencia para acusarlo y condenarlo.
Gregorio Santos podría ser finalmente condenado o absuelto, pero aquí lo que se cuestiona es la necesidad de que él espere su sentencia estando en la cárcel, una situación que es injusta si se tiene en cuenta tanto el sentido común como el ordenamiento legal.
Con
respecto a esto último, en el caso de Gregorio Santos no se cumplen, según el
IDL, los tres requisitos básicos para que esté en situación de prisión
preventiva, por lo que se le podía haber dictado una comparecencia restringida,
lo que quiere decir libertad condicionada al cumplimiento de normas de conducta
que aseguren su presencia durante todo el proceso sin peligro de fuga.
No
hay duda de que la continuidad de la prisión de Santos resulta injusta, pero es
imposible no ser suspicaz como para poder sospechar que la situación que
enfrenta sea consecuencia de su posición contra la inversión minera en el país
y, particularmente, contra el proyecto de Conga en Cajamarca.
Hay muchas decisiones judiciales en el país que parecen orientadas por la venganza política, y esta que perjudica a Santos parece una de ellas.
Hay muchas decisiones judiciales en el país que parecen orientadas por la venganza política, y esta que perjudica a Santos parece una de ellas.
Por
ello, él debe esperar su sentencia –cualquiera que sea– con comparecencia
restringida y no con prisión preventiva. Lo contrario parece el uso subalterno
de la justicia.
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