Por: Sinesio López Jiménez
Si
las encuestas miden la correlación social y política de fuerzas, entonces Tía
María no va porque ya fue (para decirlo en el lenguaje de los jóvenes). La
encuesta urbana de Ipsos (del 12-15 de mayo) muestra un empate técnico en el
nivel nacional entre los que están a favor del proyecto y los que se oponen (si
se toma como base los que están informados sobre el tema: 51%). En las regiones
del sur la oposición sube a 54% y los simpatizantes bajan a 38%. Es
probable que si la encuesta se hubiera extendido al área rural la oposición
habría sido mayor. Hay que recordar que Conga quedó cancelado cuando más del
70% de los cajamarquinos expresó su oposición a ese proyecto.
La
medida de suspensión acordada por la empresa y el gobierno (y postulada por
Keiko Fujimori, PPK y Toledo y susurrada por la CONFIEP) se coloca en el medio
entre el apoyo y la oposición. La medida como es obvio, irrita a quienes
quieren imponer el proyecto a como dé lugar y los que quieren cancelarlo. Los
primeros tienen el poder mediático y son los más aguerridos y chillones.
Quieren que el gobierno declare el Estado de emergencia para aplicar el
proyecto aunque el costo sean los muertos, heridos y los encarcelamientos de
los opositores. La derecha social y política (quizás por razones electorales)
está de acuerdo con la suspensión temporal del proyecto, pero la derecha
mediática está visceralmente en contra.
Los
opositores al proyecto son la mayoría de los pobladores de Islay, de Arequipa y
de las regiones del sur y las izquierdas. Estas combaten a Tía María como antes
a Conga en defensa de la agricultura, del medio ambiente y de la salud de la
población, pero negocian abiertamente con otras empresas mineras mejores
condiciones para la población. Su lucha contra la minería es relativa, en unos
casos de oposición y en otros de negociación, dependiendo su posición política
de la demanda social de la gente. Las izquierdas no inventan el malestar de la
población. Es un error conceptual y práctico pensar que las izquierdas inventan
los conflictos mineros y que la gente de las zonas mineras es idiota y
manipulable.
Todas
las derechas (sociales, políticas y mediáticas) comparten esta visión
estereotipada de las izquierdas, como probablemente estas tienen la misma
visión de las derechas. Debajo de estas visiones estereotipadas existe, sin
embargo, un conflicto social real entre las empresas mineras y los pobladores
de diversa naturaleza e intensidad. Todo esto explica que la forma de conflicto
sociopolítico en el campo de la explotación de los recursos naturales sea la
confrontación, que sea muy difícil el diálogo y que el recurso político
más fácil sea la declaración del Estado de emergencia que aplasta las
libertades de la gente en nombre de la libertad y del derecho.
El
comportamiento del Estado y de todos los gobiernos en el conflicto minero ha
sido y es lamentable. En lugar de morigerarlo, lo han potenciado porque asumen
la representación de las empresas mineras, negocian en nombre de ellas con la población,
ponen todo el aparato estatal a su servicio (EIA, consulta previa,
autorizaciones de funcionamientos, etc) y a eso le ponen el nombre rimbombante
de Estado de Derecho. Este merece un análisis especial.
http://larepublica.pe/impresa/opinion/1628-la-tia-no-va-o-ya-fue
Más allá del perro del hortelano
Es conocido que en el 2011 el Estudio de Impacto
Ambiental de Tía María tuvo 138 observaciones de UNOPS (Naciones Unidas), lo
que postergó el proyecto. En agosto del 2014, el Ministerio de Energía y Minas
aprueba el nuevo EIA de Tía María, afirmando que se habían levantado las
observaciones de UNOPS del 2011 (1).
Este hecho es parte de una serie de problemas que
llevan a la crisis actual. Veamos. No se entiende por qué el MINEM no pidió
nueva opinión de UNOPS. Cierto, no lo obliga la ley vigente, pero sabiendo que
el gobierno no tiene credibilidad con la población, esa opinión era clave.
Hasta el ministro de Agricultura, Manuel Benites, lo propuso (Correo Arequipa,
21/3/15). Pero no.
Perú es uno de los pocos países donde el ministerio de
un sector promueve las inversiones y aprueba los EIA. Es obvio el conflicto de
intereses. En Chile el Servicio de Evaluación Ambiental aprueba los EIA,
incluido minería y petróleo. En Ecuador es el Ministerio del Ambiente. En
Colombia es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y en México
es la Secretaría Nacional del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Lo mismo sucede, claro está, en EEUU, Canadá, la Unión Europea y Japón.
Si bien ya se ha creado el SENACE para que apruebe los
EIA, eso no sucede con los de minas y petróleo, que siguen en el MINEM. Ahora
bien, está previsto que los EIA de minas y petróleo desde el II T del 2015
vayan al SENACE (¿será?). Pero muy tarde para Tía María.
¿Por qué no estamos a la altura del nivel mundial de
transparencia en los EIA mineros? ¿Por qué sí se quiere “algo” de lo que manda
la OCDE, pero no en medio ambiente ? La respuesta: porque los lobbies son muy
fuertes y saben que el modelo económico depende de ellos. Y en eso coinciden
con las principales autoridades del país.
Para ello necesitan, por ejemplo, que las inversiones
mineras puedan realizarse en cualquier parte. Pero eso choca con el Proceso de
Ordenamiento Territorial, que comenzó hace más de 10 años (DS-087-2004-PCM),
que busca determinar cuáles son las actividades que pueden desarrollarse en el
territorio, como sucede en casi todo el mundo.
De ahí sale también la llamada Zonificación Ecológica
y Económica (ZEE), que establecería criterios para las inversiones: a) uso
recomendable; b) uso recomendable con restricciones, y c) uso no recomendable.
Este proceso es responsabilidad del Ministerio del Ambiente. Su ley de creación
dice: “El MINAM establece la política, los criterios, las herramientas y los
procedimientos de carácter general para el ordenamiento territorial nacional en
coordinación con las entidades correspondientes y conducir su proceso” (DL
1038, Art., 7).
Pero el MEF se opone. Por eso, uno de sus últimos
“paquetes reactivadores”, la Ley 30230, dice: “La Política Nacional de
Ordenamiento Territorial es aprobada por Decreto Supremo, refrendado por el
Presidente del Concejo de Ministros y con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros. Ni la ZEE ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones
de uso” (Art. 22).
Muertos tres pájaros de un solo tiro. Chau el Art. 7
del DL 1038 que le daba la conducción al MINAM. Chau al Ordenamiento
Territorial y chau a la ZEE. No tenemos espacio aquí para hablar de los Arts.
37, 38 y 30 de la misma ley que, según algunos analistas, afectan las
propiedades indígenas pues podrían ser expropiadas para realizar las
inversiones.
También se afectan las Zonas Reservadas (Ley 30230,
Art. 20), se recortan las atribuciones fiscalizadoras de la OEFA y el Proyecto
de Ley 3941 (que está al voto en el Congreso), cambia las reglas de los EIA y
afecta en materia de tierras y territorio a los pueblos indígenas, entre otros.
Y hay mucho más (2).
La ofensiva expuesta se explica por el pánico del MEF.
Una economía exportadora principalmente de productos primarios crece cuando su
valor exportado aumenta año a año, generando cada vez mayores ingresos de
divisas y tributos, a la vez que “jala” al resto de los sectores económicos,
directa o indirectamente. En los últimos años, este aumento del valor exportado
se debió a un “círculo virtuoso”: crecían los precios internacionales y,
también, la cantidad de toneladas exportadas.
Cuando caen los precios comienzan los problemas. Una
de las principales alternativas, entonces –para los partidarios de ese modelo–,
radica en aumentar la producción para compensar la caída de precios. Dicho de
otra manera: como ya no aumentan los precios (1), hay que hacer todo lo posible
para que aumenten los volúmenes de producción exportados.
Esto es lo que nos está llevando mucho más allá de los
paquetes del perro del hortelano del 2008, que desembocaron en el ‘baguazo’.
Todos estamos prevenidos. La inversión minera y petrolera es bienvenida si es
que cuenta con licencia fiscal, social y ambiental. Y el gobierno debiera
avanzar en la diversificación productiva para que no dependamos de las materias
primas.
Pero el MEF no se detiene ante nada para “atraer la
inversión sí o sí, lo que agravará los conflictos existentes y los que están
por venir. Esto no pinta bien.
(1) Verlo en:
http://www.minem.gob.pe/_detallenoticia.php?idSector=4&idTitular=6724
(2) Ver todos los paquetes en:
(3) http://propuestas.adexperu.org.pe/index.php/paquetes
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