Morir en Cajamarca

Por: Nelson Manrique Gálvez

El asesinato de Fidel Flores Vásquez, cajamarquino, de 62 años de edad, mecánico, casado y padre de siete jóvenes, por la policía ha provocado la indignación de todo el país. 

No es para menos. Las imágenes grabadas por Cajamarca Reporteros muestran un empleo absolutamente desproporcionado de la fuerza por los policías durante un desalojo, con una víctima abaleada a 4 metros de distancia por una descarga de escopeta en el pecho y en la cara que le alojó 60 perdigones en el cuerpo provocándole finalmente la muerte. Según un jefe policial eran perdigones de goma, pero no es eso lo que muestran las imágenes de las perforaciones provocadas por los perdigones en una calamina situada detrás de donde estaba don Fidel.

Es verdad que la violencia provino de ambas partes. De Fidel Flores y sus familiares que lanzaron trozos de ladrillos y bombas incendiarias para impedir que la policía pudiera subir al techo de su vivienda. De los mercenarios contratados por la organizadora del desalojo, que devolvían los mismos proyectiles contra los habitantes de la vivienda, y finalmente de la policía, que no se limitó disparar contra Fidel Flores si no se ensañó cobardemente contra él y sus familiares. Contra su hijo, que intentaba asistirlo y fue pateado inmisericordemente en el suelo por efectivos policiales que se turnaban para golpearlo. Contra su esposa, a la que dos policías patearon y arrojaron al suelo, halándola de los cabellos. Contra el mismo Fidel Flores, que mientras agonizaba fue apaleado en el suelo por un par de valientes policías que de esa manera reafirmaron que el honor es su divisa. Contra el vecino que salió pacíficamente en defensa de los agredidos en la calle y al que, ya rendido y tirado en el suelo, un policía pateaba en el pecho con el taco, disimuladamente, como quien no quiere la cosa. Ya sabemos: autoridad que no abusa se desprestigia… 

A la fecha el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca ha rechazado el pedido de prisión preventiva contra el suboficial de la PNP Norvil Gonzales Silva, acusado de disparar y matar a Fidel Flores.
Esta tragedia no es el resultado de un desgraciado accidente sino la consecuencia necesaria de un conjunto de hechos encadenados. Las imágenes reproducidas por diversos medios de comunicación muestran a don Fidel Flores dialogando en la calle con el jefe policial antes de que se desencadenara la violencia, suplicando que no procedan, argumentando que él y sus familiares no tienen adónde irse. El oficial de la policía responde que esto no depende de él sino que hay un mandato judicial que debe cumplirse. Según ha declarado Jorge Gutiérrez, el jefe del Frente Policial de Cajamarca (luego relevado del cargo, que reconoce “ciertos excesos”), se le dijo a la jueza Carmen Nancy Araujo para suspender la acción por no existir las condiciones adecuadas, pero ella ordenó que el desalojo se lleve a cabo “a todo costo”. La jueza Araujo ha evitado sistemáticamente explicar la presencia de una docena de matones que participaron en el asalto. Por supuesto, es irregular que una fuerza mercenaria actúe junto con la policía para ejecutar una orden judicial, pero la complicidad de los jueces ha convertido esto en una práctica habitual. 

Fidel Flores declaró ante las cámaras que el desalojo era consecuencia de una deuda contraída por la compra de una motosierra que no había podido terminar de pagar. Inevitable pensar en las mafias organizadas en el Poder Judicial, los registros públicos y la policía, que involucran a medios de prensa y hasta a parlamentarios para apropiarse de inmuebles ajenos, como lo desnudan las investigaciones sobre la mafia López Meneses (Edmundo Cruz y Elízabeth Prado, “Óscar López Meneses, el operador de los grandes desalojos en los últimos 15 años”) y la de Rodolfo Orellana Rengifo (José Alejandro Godoy, “El otro lado del caso Orellana”).

En el gobierno se elevan voces de horror y se promete justicia. ¿Será? Posiblemente caerán algunos subalternos, pero la podredumbre viene de arriba. El problema no se limita a la permanencia del ministro Urresti en el Ministerio del Interior, pese a estar investigado por violación de derechos humanos. Siguen vigentes el decreto ley 29009, emitido por Alan García el 2007, declarando inimputables a policías y soldados que provoquen lesiones o muerte a los civiles en el cumplimiento de sus funciones y la ley 30151, del 13 de enero de este año, emitida por Ollanta Humala que amplía esta impunidad.

Así es mi Perú…