78% de Cajamarca está en contra y solo 15% a favor.
A pesar de que este columnista
cree que la minería genera beneficios muy importantes para el país, y de que
esta se puede –y debe– explotar con responsabilidad y en armonía con el
ambiente y la gente, la fuerza de los hechos le lleva a concluir que Conga debe
ser postergado por un tiempo prudente por la inviabilidad de ir contra la
opinión contundente de la población.
En los diez meses que Conga está en un
lugar estelar de la cartelera política ha habido varias señales de la
dificultad para su puesta en marcha.
Entre las más recientes están,
primero, la caída de dos gabinetes por el desgaste político que produjo el
enfrentamiento. Segundo, los dos mensajes a la nación del presidente Ollanta
Humala sobre este tema específico, una expresión inequívoca del enorme capital
político invertido por el gobierno. Tercero, las muertes lamentables ocurridas
en Celendín.
Hubo otras señales que vinieron del
propio sector empresarial. El lanzamiento de Quellaveco fue una noticia que dio
en la línea de flotación del naufragante Conga pues dio a entender a muchos
–incluyendo a los inquilinos de Palacio de Gobierno– que sí es posible sacar
adelante un proyecto minero en armonía con el ciudadano, pero que eso requiere
humildad antes que arrogancia, paciencia en lugar de meter el carro y, sobre
todo, generación de confianza en base al respeto por la gente y las costumbres
locales. Luego, para ponerle la cereza al pastel, vino el archipromotor de la
inversión privada, Pedro Pablo Kuczynski, a declarar ‘la muerte’ de Conga.
La verdad, Conga no está muerto –ni
anda de parranda– pues el oro y el cobre seguirán ahí, pero las actuales
condiciones políticas y sociales de Cajamarca impiden su ejecución –salvo los
reservorios– por ahora pues, más allá del permiso legal que sí tiene el
proyecto, la empresa no ha hecho lo suficiente para conseguir un apoyo mínimo
de la población que lo haga socialmente viable.
Esto se comprueba en la encuesta de
Ipsos-Apoyo hecha en la provincia de Cajamarca entre el 3 y 9 de agosto,
revelada ayer en la Convención Anual del SAE de Apoyo Consultoría, en la que se
concluye que el 78% está en contra de Conga y solo 15% a favor, con una
oposición en el área rural que sube a 83%. Eso es imposible de revertir en el
corto plazo.
A los que dicen que la ley es la ley y
que se debe imponer con ‘mano dura’, que asuman la consecuencia de su
entusiasmo. A pesar de la gran importancia del proyecto, y de la inversión de
casi US$5 mil millones, el costo político es muy alto y obliga a repensarlo y a
reprogramarlo.
Y que Newmont y otras empresas mineras
que enfrentan procesos similares aprendan a mejorar sustantivamente la
capacidad de construir confianza con los ciudadanos.
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