LA OIT Y EL CONFLICTO DE BAGUA

Dr. Vladimir Cerrón Rojas

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el instrumento jurídico más completo de carácter internacional y vinculante a las naciones que lo integran. Reconocen los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y tribales, garantizando su integridad territorial, cultural, espiritual, organizacional, económica, ecológica, entre otras. Al ser de carácter vinculante, los países que han ratificado su participación, están en la obligación de cumplirlas, aceptando sus resoluciones en rango de ley. El Perú ratificó su participación el 02 de febrero de 1994.

Quienes participan en política deben conocerlo y reconocerlo, y quien osa lo contrario, solo habría conseguido ser observado por la OIT y algo peor, la severa condenación de la historia, como en los hechos lamentables ocurridos en Bagua.

El Estado peruano confundió dos grandes categorías al tejer su estrategia frente a una protesta popular. Confundía pueblo con población, como confundir religión con cristianismo o movimiento social con socialismo. El término de pueblo puede adquirir conceptos, en dependencia del prisma que sea analizado. Para algunos será lo mayoritario, productivo y ayuno de poder, para otros como la OIT será colectivo social con su propia lengua, instituciones, forma de vida, desarrollo económico, territorio y cultura. Es algo más que un simple conglomerado poblacional. En los sucesos de Bagua, el Estado se enfrentó no a la población amazónica, sino a pueblos amazónicos, que hoy en día conocen sus derechos y solicitan la aplicación de los mismos. El Estado subestimó los aportes de la sociología amazónica.

El Estado estaba en la obligación de salvaguardar sus vidas, bienes, trabajo, cultura y su medio ambiente. Según la OIT, el Estado debió comprometerse adecuar la legislación nacional, desarrollar acciones de acuerdo a estas disposiciones, informar periódicamente su aplicación y responder a las observaciones al órgano de control de la OIT.

En las décadas de 1950-1970, el ingreso de las transnacionales caucheras, conllevaron a la extinción de muchas comunidades indígenas y tribales, ahondó las diferencias entre patrones y explotados, no trajo ningún desarrollo asociado a los indígenas y el medio ambiente fue contaminado. Es decir la experiencia fue deplorable. En la selva central de Junín, se vio algo similar, la nación Asháninka, fue desplazada tierra adentro, hasta hoy día, de la capital de Satipo. Contrariamente, la OIT exhorta a los estados la ayuda a eliminar las diferencias socioeconómicas entre miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional.

El saldo lamentable de los muertos en el conflicto de Bagua, al momento de someter a la justicia a miembros tribales y del Estado, deberá considerar el Art. 9 de la OIT: “…En cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”, al haberse enfrentado a comunidades tribales con cuasi organización y experiencia militar, donde el honor aún sigue siendo un valor innegociable.

La OIT también manifiesta que la exploración y explotación de los recursos naturales en las tierras comunales deberán de protegerse de manera muy especial y que los pueblos tienen el derecho de participar en la utilización, adecuación y conservación de dichos bienes. Si el Estado no consultó a los pueblos, menos tenía la intensión de hacerlas partícipes de los beneficios de la patria amazónica, por considerarlos ciudadanos de segunda categoría y dueños de una propiedad aparente.

De los países firmantes, solamente en Ecuador, Perú, Bolivia y algunos en Brasil, se han dado conflictos serios desde que el neoliberalismo ha puesto sus energías anticipándose en la política, opuesta al Convenio 169 de la OIT, del “Perro del Hortelano”.

¿A quién no le duele Bagua? Cuando le dicen a su gente, soldados valerosos del Cenepa cuando sirven a la patria, pero ciudadanos de segunda clase, cuando reclaman sus derechos comunales y tribales. ¿A quién no le duele Bagua? Cuando para combatir el narcotráfico envían soldados niños al VRAE y para reprimir a los amazónicos les envían las fuerzas especiales de la policía, ¿A quién no le duele Bagua? Cuando congresistas como Meckler y Abuggatas, judío y palestino respectivamente, defienden la soberanía peruana. ¿A quién no le duele Bagua? Cuando el Estado se sienta negociar con los Apus, pero a la vez su Procurador los denuncia por sedición y rebelión. ¿A quién no le duele Bagua? Cuando hay una guerra fratricida, y a unos los llaman asesinados y a otros fallecidos. ¿A quién no le duele Bagua? Cuando el Congreso se resiste a derogar leyes anticonstitucionales.

BAGUA, UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN EL ESCENARIO SOCIAL DEL PAÍS

José De Echave C.

El 5 de junio de 2009 será recordado por mucho tiempo como una de las fechas más negras de nuestra historia reciente, quizás solo comparada con la masacre en el penal del Frontón y otros terribles hechos de violencia irracional que se han dado en el país. Felizmente una amplia mayoría de peruanos no ha perdido la capacidad de indignarse frente a estos hechos.

Casi dos meses de movilización en la Selva peruana han evidenciado la incapacidad de un gobierno que no entiende la dimensión de las demandas y el debate propuesto por las propias comunidades. No debemos perder de vista que la actual movilización tiene como antecedente la protesta del mes de agosto de 2008, mediante la cual las poblaciones amazónicas lograron la derogatoria de los Decretos Legislativos 1015 y 1073. Ya entonces, la propia Defensoría del Pueblo había planteado una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1015º, por considerar que afectaba los derechos de las comunidades nativas y campesinas a la identidad cultural, a ser consultadas y a participar en las decisiones estatales que las afecten. Otros decretos, como el 1064, ahora también reciben el cuestionamiento de inconstitucionalidad de la propia Defensoría del Pueblo y de una comisión del Congreso.

Por supuesto los antecedentes de falta de voluntad política para facilitar la participación y consulta de las comunidades indígenas y nativas son más que preocupantes en el país. El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Perú nada menos que el año 1993 y nunca fue reglamentado, lo que muestra una total incoherencia: se firma un acuerdo internacional, sin embargo no se tiene ningún interés en implementarlo.

Como se sabe, entre los derechos protegidos por este Convenio está precisamente el de la consulta, que además debe realizarse mediante procedimientos apropiados y cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Por si fuera poco, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, luego de analizar el caso peruano, instó el año pasado al gobierno a avanzar inmediatamente en el diseño de mecanismos apropiados de participación y consulta de los pueblos indígenas. También lo exhortó a que se consulte a los pueblos antes de la adopción de las medidas que puedan afectar sus derechos.

Uno de los ejemplos citados por la comisión fue precisamente la dación de decretos, como el 1015°, que pretendía normar los mecanismos para que los pueblos indígenas dispongan de su territorio, sin haber sido consultado con los interesados. Además, la comisión señaló que se debían identificar situaciones urgentes relacionadas con la explotación de recursos naturales que pongan en riesgo las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados y la aplicación rápida de las medidas especiales que se precisen para salvaguardarlos.

Todos estos temas están a la base de la legítima preocupación de los pueblos indígenas. En el Perú todavía estamos muy lejos de cumplir el Convenio 169 y por el contrario, los decretos todavía vigentes representan un peligroso retroceso al derogar normas que señalaban precisamente la obligatoriedad, por ejemplo del titular minero, de contar con un acuerdo con el propietario de la tierra.

¿Por qué en la región Amazonas y por qué los Awajun Wampuis?

En la movilización de agosto del año pasado, Bagua también fue el epicentro de los enfrentamientos y los Awajum Wampuis fueron los actores centrales. ¿Cómo se explica esta situación?

Hace unos meses tuve la ocasión de visitar esa comunidad, invitado por los Apus y miembros de la comunidad. En ese entonces ya manifestaban su hartazgo y preocupación por la desprotección a la que estaban expuestos frente a la presencia creciente de empresas mineras en sus territorios. Cabe señalar que en la región Amazonas, en los últimos años, las concesiones mineras no han dejado de aumentar en número y en hectareas: el año 2002 las concesiones mineras apenas superaban las 46 mil hectáreas, mientras que este año han sobrepasado las 300 mil hectáreas.

Semanas antes de mi visita se había producido la toma de un campamento minero de la empresa Afrodita, hoy en día transferida a la canadiense Dorato, en el distrito de Cenepa, provincia de Condorcanqui; conflicto que como casi siempre provocó la visita de una comisión, que no solucionó los temas de fondo. Además de Dorato/Afrodita, otras 15 empresas poseen concesiones mineras por más de 116 mil hectáreas, lo que representa, por ejemplo, el 18.1% del distrito fronterizo del Cenepa.

Los Awajun-Wampuis señalaban con claridad que estas empresas estaban afectando su territorio y que nunca les han pedido autorización para las actividades de exploración, como mandan las leyes peruanas y las internacionales. Por supuesto habían hecho múltiples gestiones ante las autoridades nacionales, buscando que sus derechos sean respetados y que se preserve la naciente de varias cuencas importantes de las cuales dependen. También demandaban que se proteja el Parque Nacional Ichigkat Muja, la Reserva Comunal Tuntanain y la Zona Reservada de Santiago Comaina. En esos espacios se habían entregado concesiones mineras.

Sus gestiones no dieron resultados, las autoridades no les hicieron caso. En los últimos 60 días también vieron como nuevamente los amagos de diálogo no permitieron avances sustanciales.

La movilización amazónica: un antes y un después en el país.

Sin duda alguna la movilización amazónica representa un punto de quiebre y marca varios hitos importantes que es importante identificar. Por ejemplo, por primera vez y después de mucho tiempo, se ha superado un esquema de movilización explosiva pero que siempre había sido de corta duración y que además no iba más allá de demandas puntuales de carácter local, sectorial, etc. Si uno revisa las movilizaciones más importantes de los últimos años, casi todas han tenido estas características

Los sesenta días de movilización amazónica muestran no solo una capacidad de resistencia nunca antes vista en la historia reciente, sino que también cuestiona abiertamente un instrumento central que busca reproducir el modelo: el paquete de decretos legislativos que en la práctica representa una nueva generación de normas que intenta profundizar y al mismo tiempo blindar las políticas que se implementan en el país desde inicios de la década del 90.

Las comunidades saben mejor que nadie las implicancias y objetivos de los decretos: consolidan un escenario en el que las inversiones carecen de mecanismos de control y superan largamente la capacidad que tiene la sociedad y el Estado de controlarla y regularla en función del interés público. Eso lo sabe y lo sufren día a día, por ejemplo, comunidades como los Awajun Wampuis.

La Selva es de todos los peruanos ha señalado el presidente peruano, en alusión a la protesta indígena. De todos los peruanos y podríamos también decir de toda la humanidad, por su creciente importancia y valor estratégico. El tema es qué se está haciendo para protegerla. ¿El gobierno apuesta a que las transnacionales mineras y petroleras lo hagan mejor que las comunidades indígenas? ¿Los famosos y cuestionados decretos legislativos apuntan a una efectiva protección y a un uso sostenible de sus recursos? ¿No existe base real para que las comunidades estén realmente preocupadas por los decretos?

Pese a lo que nos quieren hacer creer algunos, lo que existe en el país como instrumentos e institucionalidad para gestionar los bienes de la naturaleza, siguen siendo insuficientes y de una precariedad extrema. La carencia de verdaderas políticas públicas para preservar bienes comunes de valor estratégico para todos los peruanos, es uno de los temas de fondo que las comunidades amazónicas han puesto en debate con su movilización.

Finalmente, un nuevo actor central se ha consolidado en el escenario nacional: las comunidades indígenas y sus organizaciones representativas comienzan a ser vistas con otros ojos por el Perú formal. Un actor de carácter nacional, con la suficiente fuerza para cuestionar y detener una nueva etapa de reforma neoliberal. ¿Alguien puede imaginar un próximo proceso electoral en el que el tema indígena y el de la amazonía peruana, esté al margen del debate programático de los partidos políticos?

En este contexto, las responsabilidades y exigencias serán mayores para las organizaciones de comunidades. Estas organizaciones necesitarán generar una actuación con nuevas y mayores capacidades, nuevas alianzas y una reflexión programática que apunte a levantar sus propias propuestas alternativas. En estos temas también se deberá entrar a una nueva etapa.